En medio de una escalada de conflictos socioambientales, la senadora Cecilia Requena ha alzado la voz para exponer una cruda realidad: Bolivia se ha convertido en un «país sin ley» donde la minería impone sus reglas a través de la violencia y el avasallamiento, bajo la mirada pasiva del Estado.
El patrón de la violencia La senadora Requena no habla desde la teoría, sino desde la evidencia de un patrón alarmante que se repite en Oruro (Totoral Chico), La Paz (Valle de Zongo) y el norte paceño. Su trabajo de fiscalización ha puesto al descubierto cómo las operaciones mineras —muchas veces ilegales— vulneran sistemáticamente los derechos de las comunidades indígenas, atacando a las poblaciones más vulnerables: mujeres, ancianos y niños.
Una voz que exige justicia Frente al silencio cómplice, Requena exige respuestas claras. Cuestiona la inacción del Ministerio de Gobierno y de Minería, y denuncia el mensaje de «todo vale» que las autoridades parecen enviar a los sectores mineros. Su postura es un llamado urgente a recuperar la institucionalidad y proteger a quienes defienden sus territorios.
¿Por qué leer el artículo completo? Para entender la gravedad de estas denuncias y conocer los detalles de los casos específicos que la senadora está defendiendo, es crucial informarse. La nota profundiza en cómo la autonomía indígena está siendo atropellada y el peligroso precedente que esto sienta para el futuro del país.
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